Hasta noviembre de 2024, el sistema de inmigración de Estados Unidos enfrenta un retraso significativo con más de 3.7 millones de casos pendientes, incluyendo aproximadamente 1.6 millones de solicitudes de asilo en espera de resolución. Este acumulado sin precedentes ha resultado en períodos de espera prolongados, a menudo extendiéndose a cinco años o más, dejando a muchos solicitantes de asilo en un estado de incertidumbre y afectando su capacidad para integrarse en la sociedad.
La administración entrante de Trump ha anunciado planes para abordar este retraso mediante una serie de medidas destinadas a agilizar el procesamiento de casos y reducir la afluencia de nuevas solicitudes de asilo. Una estrategia propuesta es la reinstauración y expansión de la política «Permanecer en México», conocida oficialmente como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP). Esta política requiere que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos son procesados en los tribunales de inmigración de EE. UU., con el objetivo de disuadir solicitudes frívolas y reducir la carga inmediata sobre el sistema.
Además, la administración planea declarar una emergencia nacional para facilitar el uso de recursos militares en la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la construcción de instalaciones de detención y el despliegue de personal para asistir en el procesamiento de casos. Este enfoque pretende aumentar la capacidad del sistema de inmigración para manejar el retraso existente de manera más eficiente.
Los críticos argumentan que estas medidas pueden comprometer los derechos de los solicitantes de asilo y podrían enfrentar desafíos legales. Sin embargo, los defensores sostienen que tales acciones son necesarias para restaurar el orden en el sistema de inmigración y asegurar que las solicitudes legítimas sean procesadas de manera oportuna.
La efectividad de estas políticas propuestas para reducir el retraso en las solicitudes de asilo está por verse, ya que su implementación requerirá una coordinación cuidadosa y podría enfrentar obstáculos tanto logísticos como legales. El enfoque de la administración refleja una estrategia más amplia para reformar el sistema de inmigración, priorizando la seguridad y la eficiencia, mientras se equilibran las obligaciones humanitarias.
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